martes, 21 de febrero de 2012

Petrolera británica realizan explotación no autorizada en las Malvinas


En medio de los cruces entre el Gobierno nacional y el del Reino Unido, la explotación no autorizada de crudo en las Islas Malvinas se transforma en nuevo punto de tensión. Es que una plataforma petrolera, que arribó a la zona el mes pasado, violó las aguas argentinas y realizó extracciones. Se trata de la Leiv Eiriksson, de Bahamas, contratada por Borders & Southern Plc y Falkland Oil and Gas Ltd para llevar adelante sus planes de exploración marítima y que se suma a las operaciones llevadas a cabo por la empresa Ocean Guardian.

Una nueva discusión se suma a los conflictos entre el Gobierno nacional y el Británico por las Islas Malvinas. Es que la explotación de crudo no autorizada, que se realiza en la zona, se suma a la tensa situación.
Se trata la empresa Leiv Eiriksson, de Bahamas, contratada por Borders & Southern Plc y Falkland Oil and Gas Ltd para llevar adelante sus planes de exploración marítima y que se suma a la empresa Ocean Guardian, conocida como m"oil rig" que, alquilada por Rockhopper Exploration Plc viene explorando desde 2010 el suelo marítimo al norte de las islas.

Dicha plataforma petrolera, de 120 metros de eslora y 86 de manga, se mueve junto a dos naves de apoyo. Una es la Toisa Intrepid y la otra, un multipropósito denominado Toisa Sonat.
En tanto, también se ha visto en las últimas horas una tercera llamada Ocean Prince, una nave de salvamento de bandera noruega.
A fines del mes pasado, la Leiv Eiriksson se había ubicado muy cerca del límite de las 200 millas de la plataforma continental argentina, lo que provocó el estado de alerta entre las autoridades locales. Sin embargo, en las últimas semanas se movieron más allá y violaron el límite denominado por el país como Zona Exclusiva Económica de la Nación.
Allí estuvieron más de 90 horas explorando o realizando tareas exploratorias, lo que abrió las especulaciones de que la compañía estaría realizando un tercer pozo.
Lo informaron fuentes del control satelital de la zona y fuentes allegadas a la Cancillería, las cuales agregaron que "no es la primera vez que una plataforma petrolera viola los límites".
Por su parte, Argentina ya protestó ante el Reino Unido y se han notificado de estas infracciones a organismos como UNASUR, CELAC y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Este se transformó en un nuevo punto de reclamo público que realiza el Gobierno nacional contra el accionar del Reino Unido.

Fuente:Inforegion

EEUU: Encarcelar a la gente es cada vez un negocio más rentable


Encarcelar a la gente es cada vez un negocio más rentable, y más lo será cuando la privatización del sector penitenciario estadounidense se consuma. Corrections Corporation of America (CCA), el mayor operador de prisiones con ánimo de lucro en el país, ha propuesto a 48 estados comprar sus centros de detención.


Según asegura la compañía, que opera desde 1980, esta iniciativa de inversión en cárceles podría beneficiar de una manera significativa al Estado, ya que “ayudaría a los gobiernos estatales con insuficiencias presupuestarias”.

Si bien podría ser una ayuda para los contribuyentes, también suscita preguntas sobre los motivos que persigue una organización comercial al poner a hombres y mujeres tras las rejas.
Más presos, más dinero

Según subrayan los defensores de los derechos humanos, los dueños de las prisiones obtienen más ingresos cuantos más presos haya, mientras las condiciones en las que se encuentran los reclusos empeoran.

La organización Inmigrantes en Venta estima que el negocio de las prisiones privadas en EEUU factura 5.000 millones de dólares al año.

Para aumentar sus ganancias las compañías gastan millones de dólares en ‘lobbies’ que apoyan medidas que les beneficien. El año pasado, CCA estuvo representada por 37 grupos de presión que trabajaron sobre todo en el Congreso y el Capitolio.

Así, el reportero Beau Hodai descubrió que hace dos años el senador de Arizona Russel Pearce, miembro de uno de los más poderosos ‘lobbies’ del país del que también forma parte CCA, propuso a sus colegas la Ley de Arizona que apunta contra inmigrantes. Sus compañeros eran dueños de centros de detención privados y la ley tardó apenas dos meses en salir adelante.

Inmigrantes, ‘cornucopia’ de EEUU

Según Cuéntame, una organización que lucha por la justicia social, CCA alberga el 60% de los detenidos por delitos de inmigración. Datos del Departamento de Justicia muestran que las infracciones relacionadas con la inmigración no son solo tráfico de drogas o armas, sino también la violación de la denominada ‘Regla de los tres delitos’, que da derecho a encarcelar a los que han violado tres veces la ley (incluso por infracciones sin violencia).

Ahora 400.000 inmigrantes son detenidos anualmente, todos ellos son repartidos en centros de detención federales, estatales, públicos y privados de todo el país, lo que supone un gasto de 1.700 millones de dólares que cubren los impuestos de los contribuyentes.

Las cárceles públicas deben rendir regularmente cuentas de su funcionamiento ante los ciudadanos. Las privadas, sin embargo, tienen responsabilidad solamente ante sus accionistas y no se someten a investigaciones externas.

Fuente:RT