lunes, 21 de febrero de 2011

NACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PARTE 5


La Política energética del Gobierno de Juan Perón

Toda esa política de nacionalización de servicios públicos excluyó a la única empresa en situación próspera, la CADE, cuyos intereses fueron respetados. Perón había entrado en negociaciones con la CADE en 1944, cuando esta empresa la encomendé “persuadir al Presidente Farrell para que desistiera de nacionalizar los servicios eléctricos”. (Farrell quería celebrar el primer aniversario del golpe militar de 1943 firmando un decreto que resolvía “recuperar para el Estado los bienes mal habidos por la CADE”.)

Después se supo que Perón había pactado con el gerente general de la CADE —quien vivía en el mismo edificio que él, en Posadas 1567, unos pisos más arriba— el apoyo económico para su campaña electoral, a cambio del secuestro de los originales del famoso Informe Rodríguez Conde (en el que se documentaban los sobornos de la empresa para obtener en 1936 la prórroga de las concesiones eléctricas de parte del Concejo Deliberante). El Informe no fue publicado hasta después del derrocamiento de Perón, en 1956, y la CADE desarrollé su actividad sin problemas hasta esa fecha.

Manteniendo intacta la explotación privada del servicio eléctrico, el gobierno peronista prefirió, en cambio, lanzarse a una movilización de fuentes naturales de energía, que hasta ese momento permanecían desaprovechadas.

Desde el primero de enero de 1946 había quedado estructurado el mecanismo de la Dirección Nacional de Energía, dando nacimiento a cuatro entidades: Gas del Estado, Combustibles Sólidos y Minerales; Centrales Eléctricas del Estado y Combustibles Vegetales y Derivados. Cada una ostentaba una dirección general, similar a la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (de donde se habían desprendido las dos primeras), y todas, incluyendo a esta última, pasaron a depender del ente central creado a fines de octubre de 1943, a los cinco meses del estallido militar.

Aquella Dirección Nacional de Energía había sido confiada al coronel Bartolomé Descalzo, quien retuvo el cargo al asumir Perón y confirmó en sus puestos a los ingenieros Julio V. Canessa (en Gas del Estado) y Juan Eugenio Maggi (en Centrales Eléctricas). Mientras Canessa libraba su batalla para construir el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, Maggi emprendía el estudio de un vasto plan de realizaciones para incorporarlas al programa de gobierno que José Figuerola preparaba desde su Secretaría de Asuntos Técnicos. Maggi, que había sido inspector general de explotación técnica en la Comisión del Control del Transporte hasta el 4 de junio de 1943, fue nombrado luego ministro de Obras Públicas y Riego, en Mendoza. “Es falso que hayamos asaltado los cargos, como se dijo. Yo ocupaba un puesto de alta jerarquía antes del 43 y ganaba tanto como un ministro: 1.200 pesos por mes”, explicó al autor de este trabajo. Pero su adhesión al peronismo tenía otra explicación: “En mi casa siempre se habló de política; yo fui afiliado radical desde 1920 y me incorporé a FORJA porque soy nacionalista. En un congreso de ingenieros efectuado en Córdoba, en 1942, con varios colegas logramos que se aprobaran algunas ponencias sobre nacionalización de servicios públicos y fomento de la industria siderúrgica. Estábamos hartos de seguir atados a un imperialismo decadente como el inglés”.

Diques y usinas nuevos

Centrales Eléctricas del Estado sería fusionada al poco tiempo, en 1947, con la Dirección General de Irrigación para dar nacimiento a la empresa autárquica Agua y Energía Eléctrica. Maggi ocupó el cargo de director general y comenzó a ejecutar los proyectos aprobados en el Plan Quinquenal. “Hubo que improvisar todo porque no había antecedentes técnicos. Cuando me hice cargo de Centrales Eléctricas —dijo— estábamos en cero. Una vez planificadas las obras empezamos a trabajar. Las provincias habían expropiado, entre 1944 y 1945, las usinas térmicas del grupo ANSEC y una central hidroeléctrica en Tucumán.

Esa provincia, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy hicieron convenios con la Nación, traspasándole los servicios expropiados. Agua y Energía los tomó a su cargo y los amplió; también expropió los servicios eléctricos del grupo SUDAM (en Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero) y comenzó a funcionar en Córdoba y Corrientes.” La primera meta consistía en terminar dos obras iniciadas durante el período revolucionario: los diques Escaba (en Tucumán) y Nihuil (en Mendoza), con sus centrales hidroeléctricas. Simultáneamente se terminó también el dique Los Quiroga (en Santiago del Estero) y se inició la construcción de centrales hidroeléctricas en todo el país. Esa extensa nómina incluye 6 diques con usinas en Córdoba; otros 6 en Catamarca; 4 en Río Negro y 3 en Mendoza. Las obras de mayor trascendencia fueron los diques Florentino Ameghino, en Chubut; Las Pirquitas, en Catamarca; Los Molinos, en Córdoba y La Florida, en San Luis.

“Para dar una idea del impulso iniciado —dijo Maggi— conviene establecer que en 1943 teníamos una potencia instalada en centrales hidroeléctricas de 45 mil kilovatios y ahora Agua y Energía tiene siete veces más: 350 mil kilovatios. A esto debe agregarse una cartera de estudios y proyectos por valor de 6 millones de kilovatios.”

Las continuas fricciones con el gobierno uruguayo postergaron la construcción de las obras hidroeléctricas de Salto Grande, a pesar de que el convenio entre ambos países fue aprobado el 2 de junio de 1948, sobre la base de un acuerdo similar entre los Estados Unidos y Canadá para el aprovechamiento del río San Lorenzo.

Ello impidió contar con una potencia de 840 mil kilovatios para repartir entre ambas márgenes del río Uruguay. El diputado peronista Joaquín Díaz de Vivar acusó, en agosto de 1949, al canciller uruguayo Eduardo Rodríguez Larreta de ser “la punta de lanza del imperialismo norteamericano para detener la obra”. La prensa oriental respondió acusando de imperialista al gobierno de Perón.

Además de realizarse ampliaciones en las centrales termoeléctricas existentes, el Plan Quinquenal sembró usinas térmicas en Mar del Plata, Mendoza, Río Negro, Tucumán y Entre Ríos. Algunas modificaciones en la serie de obras proyectadas obligaron a eliminar la instalación de una usina en San Luis, a cambio de otras prioridades más urgentes como la construcción de centrales térmicas en San Juan, Córdoba y Corrientes. La usina Calchines, de Santa Fe, fue ampliada; y el proyecto de construir una gran usina en Rosario se sustituyó por la supercentral de San Nicolás, iniciada con la vigencia del primer plan e inaugurada en el segundo.

Carbón en Río Turbio

Otro de los proyectos previstos en el plan energético era la explotación del yacimiento carbonífero de Río Turbio. “Una necesidad impostergable —según Maggi—, porque significaba modificar la vieja mentalidad. Los mismos capitales ingleses que explotaban las fuentes de energía nos vendían también el carbón para hacerlas funcionar. Para hacer andar aquí sus ferrocarriles importaban su propio carbón. Un negocio redondo que ellos justificaban con el falso argumento del bajo costo: tomaban como base el precio inferior que se había pagado (20 pesos la tonelada) en lugar de considerar el promedio entre 1910 y 1945 (que era de 38 pesos).”

Durante los años de la guerra YPF se interesó por ese yacimiento, que había sido descubierto en 1887 por el marino argentino Agustín del Castillo y visitado en 1892 por el naturalista Alcides Mercerat y en 1921 por el geólogo Anselmo Windhausen, quienes habían aconsejado su explotación. Recién a principios de 1943 un departamento especialmente creado en YPF comenzó a explorar la zona enviando comisiones que vivían precariamente en carpas. Hasta que en 1946, con la creación de la Dirección General de Combustibles Sólidos y Minerales, los campamentos se fueron convirtiendo en confortables viviendas. “Una vez establecida la capacidad productiva del yacimiento, a mediados de 1947 se comenzó la explotación —recuerda Maggi, a quien en 1948 se confirió la vicepresidencia de la Dirección Nacional de Energía—; y hubo que hacer caminos, puentes, instalar usinas, edificar viviendas y traer maquinarias. Realmente era hacer patria fundar una población argentina en ese lugar, donde los chilenos se sienten dueños de todo.”

Precisamente la instalación de maquinarias movió al gobierno chileno a sugerir que el carbón extraído fuera llevado hasta Puerto Natales, la salida al mar más próxima al yacimiento, y transportado en barcos chilenos por los fiordos que desembocan en el estrecho de Magallanes. Pero los técnicos argentinos preferían tender líneas férreas en su territorio, para unir Río Turbio con uno de los puertos nacionales. El más apropiado resultaba el de Santa Cruz, pero la zona montañosa impediría ir cargado al ferrocarril, y entonces se decidieron por el puerto de Río Gallegos, más precario, aunque con una significativa ventaja: el trayecto, paralelo al río Turbio, era una suave pendiente. De ese modo se evitó que Chile tuviera en sus manos la puerta de salida del carbón argentino e intentara presionar con su cierre en alguna disputa fronteriza.

“Encaramos el gran déficit energético que impedía desarrollar las industrias con una gran ofensiva. Llegamos a ubicar 100 millones de metros cúbicos de carbón en Río Turbio y comenzamos a explotarlos. Además, logramos reducir la importación de carbón de hulla para

producir gas porque aprovechamos el gas natural de los pozos petrolíferos, que llegó a Buenos Aires en el nuevo gasoducto”, explicaría después Rolando V. Lagomarsino, que ocupaba la Secretaría de Industria y Comercio. Los barcos extranjeros que venían cargados de carbón y regresaban con trigo argentino comenzaron a traer otra clase de productos: maquinarias. Uno de los pioneros que integró las comisiones exploradoras en 1943, el ingeniero Luis Calliari, refiere su primera entrevista con el gobernador de Santa Cruz, capitán de corbeta Juan M. Gregores, en estos términos: “Me presenté para darle cuenta de la tarea encomendada y no titubeó en anticiparme la capacidad productiva de nuestras cuencas carboníferas. Fue el más entusiasta, en una época de derrotistas, escépticos e intereses creados”, escribió en El Yacimiento Presidente Perón en la cuenca carbonífera de Río Turbio (ENDE, Buenos Aires, 1952).

El trabajo manual a pico y pala fue paulatinamente sustituido por maquinarias adquiridas en Gran Bretaña (500 mil libras esterlinas) y en los Estados Unidos (200 mil dólares). “Compresores eléctricos, martillos picadores y perforadores, cortadoras de carbón y transportadoras accionadas con aire comprimido, cargadoras mecánicas, cintas transportadoras, locomotoras diesel y vagonetas modernas para dos toneladas cada una, fueron provocando la remoción del viejo sistema”, señala Calliari.

Nuevos buques petroleros

Los proyectos de explotación petrolera incluyeron una prioridad insalvable: renovar la flota de buques-tanques. Las nuevas autoridades de YPF adquirieron en Suecia un barco de 17 mil toneladas de porte bruto en 1946 (se considera porte bruto a la capacidad de carga, más la de combustibles, provisiones y el peso de la tripulación) y otro en los Estados Unidos de 4 mil, en 1947; pero al año siguiente recibieron de este último país cuatro unidades más, por un total de 26 mil toneladas. A medida que se iban entregando a la empresa estatal los buques encargados la flota petrolera ensanchaba su capacidad de transporte y a los 3 barcos recibidos de Holanda y Suecia en 1950, siguieron 6 más (tres ingleses, dos suecos y uno holandés) en 1951 y otros 3 al año siguiente (uno británico, otro holandés y el último danés). Cuando expiró el primer periodo presidencial YPF había incorporado a su flota 18 barcos extranjeros con un porte bruto total de 234 mil toneladas. También se había construido un buque-tanque argentino, el “Figueroa Alcorta”.

“Había dos grandes dificultades —memora Lagomarsino—: no producíamos petróleo en cantidad suficiente y faltaban maquinarias y elementos de perforación. Rápidamente se decidió impulsar a YPF y comprar ese material donde fuera, porque los norteamericanos se negaban a vendemos torres de perforación.” El ingeniero Maggi señala que los resultados más significativos fueron los cateos: “Por encima de la nueva flota, las maquinarias y la producción, lo más importante fueron las exploraciones del suelo. Cuando Perón llegó al gobierno se conocía una reserva de 40 millones de metros cúbicos de petróleo. Los nuevos yacimientos elevaron esa cifra a 300 millones. Se descubrió petróleo en Neuquén, Como doro Rivadavia (flancos sur y norte), Salta (Campo Durán y Madrejones), Tierra del Fuego y Mendoza.” Uno de los responsables de esa tarea, el ingeniero Julio y. Canessa (dos veces presidente de YPF, en 1947 y de 1949 hasta 1952), explicó que “la escasez de petróleo sufrida por la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial no fue por falta de ese combustible en el mundo, sino porque se carecía de buques-tanques para traerlo”.

Según sus cálculos, “la capacidad de elaboración argentina, con la puesta en marcha de la destilería de La Plata, se elevó a 10 millones de metros cúbicos anuales”. También se iniciaron en aquellos años los primeros estudios glaciológicos, para determinar la cantidad de nieve, establecer el regadío y poder regularlo. Para ello vino un técnico suizo, experto en la materia. Aunque la peor parte ya había sido cumplida: fue el sacrificio anónimo del ingeniero argentino Dagoberto Sardina, que quedó aislado en la nieve y fue muerto por un alud, en sus tareas de exploración.

Empresas nacionales de energía

En agosto de 1950 el gobierno decidió crear un ente estatal que agrupara a las cinco empresas energéticas. Se lo denominó ENDE (Empresas Nacionales de Energía) y las direcciones generales de Gas del Estado, YPF, Combustibles Sólidos Minerales, Combutibles Vegetales y Derivados, y Agua y Energía Eléctrica se llamaron, en lo sucesivo, administraciones. Fueron suprimidos los directorios de cada uno de ellas y se los sustituyó por un gerente general. “Mantuvieron la autarquía para explotar los servicios a su cargo, pero la construcción de nuevas obras quedó reservada a la decisión de ENDE. Esta se habla constituido con un directorio con representación obrera, y el modelo de organización se calcó de DINIE (Dirección Nacional de Industrias del Estado), cuyo funcionamiento había dado buenos resultados al administrar 32 empresas incautadas a la propiedad enemiga”, explicó José Constantino Barro, quien fuera presidente del nuevo organismo en su calidad de ministro de Industria y Comercio, desde abril de 1948. El coronel Bartolomé Descalzo quedó al frente de la Dirección Nacional de Energía, ente que siguió administrando el Fondo Nacional de la Energía, de donde se obtenía el dinero para invertir en esas obras.

Barro, que había sucedido a Lagomarsino (primero como secretario interino, en agosto de 1947, y luego como ministro), fue el encargado de continuar con una política energética destinada a empujar el desarrollo industrial, de acuerdo con las directivas dadas por el propio Perón en sus discursos: “Para poder industrializar tengo que dar energía barata, porque con energía a 45 centavos el kiowatt no se puede hacer mucha industria a buen precio. Mientras no tengamos la energía hidroeléctrica, por la que estamos trabajando sin descanso, para suplir con ella a la termoeléctrica, no hay solución económica posible. Tengo que dar también transportes baratos, para que los productores e industriales puedan exportar en las mejores condiciones económicas en los mercados internacionales”. Así se expresó el Presidente en un discurso pronunciado a principios de 1949.

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